No más represión contra el movimiento obrero y popular
No tenemos miedo
Unión Proletaria
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Mientras los trabajadores ejercíamos el derecho a la huelga el 11N, mientras el pueblo unido tomaba las calles para reclamar el derecho a la vivienda y a un salario digno, la policía reprimía violenta y brutalmente a los piquetes informativos y a los manifestantes pacíficos, a la vez que infiltraba provocadores en las movilizaciones para justificar la violencia, con un balance de decenas de personas detenidas y heridas.
El Estado como órgano de opresión, no es neutral en los conflictos sociales, sino que es una maquinaria creada para someter a la clase obrera y para sostener y reproducir el sistema de explotación capitalista. Para eso utiliza a las fuerzas coercitivas: la policía y el ejército. Con ellas la clase dominante recurre a la fuerza, a la violencia, a la represión, para preservar el sistema y su sacrosanta propiedad privada, impone su voluntad, siembra el miedo y frena las huelgas y las movilizaciones obreras y populares. El contraste entre una huelga mucho menos secundada que las manifestaciones, expresa el miedo que son capaces de ejercer la burguesía a los trabajadores.
Para la burguesía y su Estado, las libertades, los derechos y la democracia solamente existen para el pueblo mientras no se cuestione el sistema capitalista cuando se ejercen. Así se ha demostrado en la jornada de huelga del 11N: el derecho a la huelga y a los piquetes informativos se vio quebrado por la brutalidad policial, el derecho de manifestación apaleado y gaseado y el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento amordazado. El Estado burgués jamás será capaz de garantizar el derecho a la huelga porque las relaciones económicas y sociales imponen el terror de clase. No será suficiente cambiar o mantener un gobierno ni un parlamento, para que la represión a nuestra clase termine, tendremos que construir un nuevo Estado de la mayoría trabajadora.
De la brutalidad policial, de la represión ejercida el 11N, es responsable directamente el Gobierno español, por eso exigimos la destitución de los mandos policiales y de los delegados del Gobierno implicados, y la dimisión inmediata del ministro del Interior. Y denunciamos a la derecha política, económica y mediática como instigadora, por medio de sus consignas de odio contra los huelguistas y los sindicatos. Desesperada por controlar la totalidad del estado, la derecha capitalista se declara sin disimulo en guerra contra los derechos democráticos fundamentales reconocidos por la vigente Constitución.
