Esta declaración internacional está promovida por el Movimiento Revolución Ciudadana Europa y por Convergencia Socialista de Italia y su base es el apoyo al Movimiento Revolución Ciudadana y a la clase trabajadora de Ecuador, frente al gobierno de la derecha reaccionaria y pro-imperialista. Apoyamos desde Unión Proletaria (España) este llamamiento no por identidad de clase, sino por la indispensable alianza de todas las clases populares contra el imperialismo.

Los partidos y organizaciones políticas socialistas y comunistas firmantes de este llamamiento, habiendo tomado nota de la grave situación económica y política en el Ecuador, contra las clases trabajadoras y los estratos más débiles de la población, subrayan los siguientes puntos:

1. Mal gobierno, mentiras, degradación, represión y censura al disenso en el Ecuador de Moreno.

El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, pronunció un discurso el último domingo de mayo de 2020 en el que describió el impacto de la propagación del COVID-19 como una emergencia nunca antes vista en la historia y habló sobre la crisis que atraviesa el país, del que siempre ha responsabilizado al ex presidente Rafael Correa.

Han pasado tres años desde la imagen histórica de un Ecuador pacífico, reconciliado y estable. Era el 24 de mayo de 2017 cuando el entonces presidente Rafael Correa, luego de dos legislaturas, en 10 años, colgó la cinta presidencial al cuello de su ex-vicepresidente, Lenín Moreno.

Ese día, con la escena de los dos políticos unidos, todo parecía indicar que Ecuador continuaría la senda social iniciada en 2007 por Correa, cuando, con base en políticas de aumento de deuda, logró reducir la mortalidad infantil y la tasa de homicidios, así como pobreza y desigualdad. Pero la realidad es muy diferente y Lenín Moreno llega a su último año como presidente con un legado convulso, a través de continuos enfrentamientos con Correa, con graves protestas sociales desatadas desde finales de 2019 y con Covid-19 que hace estragos en Guayaquil.

2. Moreno hizo balance del último año de gestión.

1.096 días después de su llegada al poder, Moreno presentó un informe a la nación para evaluar la gestión anual del país. Este era su último presupuesto antes de las nuevas elecciones previstas para 2021, elecciones en las que no tenía intención de presentarse.

El último año en el cargo fue el peor para el presidente ecuatoriano: primero, vivió una grave crisis social tras el anuncio del llamado paquete de austeridad, que destacó la eliminación del subsidio a los combustibles, generando crisis sanitaria, económica y social.

Estos hechos han marcado su popularidad entre los ecuatorianos: este mayo de 2020, su aprobación fue del 18,7%, lejos del favorable 77%, logrado en sus primeros 12 meses en el cargo, y por encima del 8%, el mínimo histórico, que logró en octubre de 2019, en plena protesta.

Durante su discurso a la nación, quiso aprovechar la oportunidad para destacar la pandemia actual como la mayor crisis en la historia de su país. Lo hizo por la Asamblea Nacional, de manera virtual, y acompañado del presidente legislativo, César Litardo, así como de algunos ministros y funcionarios del Ejecutivo. Sin embargo, durante su discurso anual, los ecuatorianos practicaron un «cacerolazo» (protestas y huelgas) que llegó a diferentes puntos del país.

3. Dudas en el número de muertos por coronavirus en Guayaquil.

La pandemia ha dejado imágenes que han dado la vuelta al mundo y que los ecuatorianos difícilmente podrán olvidar. Cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil, ataúdes de cartón, bolsas para cadáveres pagadas con costos adicionales, el colapso total de la salud y del sistema funerario, y múltiples escándalos de corrupción que parecen forjar un panorama que pasará a la historia de la nación latinoamericana.

En Ecuador, el ritmo del Covid-19 ha seguido los pasos de Europa, con uno de los brotes más violentos del mundo, concentrado principalmente en la región del Guayas.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, 3.096 personas han muerto por el coronavirus y hay otras 1.986 muertes probables por el virus. Sin embargo, datos de la Dirección General del Registro Civil muestran que 17.409 personas murieron en Guayas entre el 1 de marzo y el 20 de mayo, cuando la cifra promedio en los últimos años fue de 2.000 muertes mensuales. La concentración de cadáveres en las calles de Guayaquil, Ecuador, fue noticia en los medios de comunicación de todo el mundo.

Pero, además de las altas cifras de mortalidad, los efectos de la pandemia han afectado a todo el país. Por ejemplo, corrupción generalizada. De hecho, la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación por la mala gestión de los hospitales públicos para que las familias pudieran entregar los cadáveres, lo que se suma al incumplimiento de los protocolos de identificación. Un grave escándalo, que no fue el único, también afectó las compras públicas durante la emergencia realizadas por organismos estatales como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y varios hospitales provinciales, así como el Servicio Nacional de Gestión de riesgos y emergencias (SNGRE).

Más allá de la corrupción, los efectos económicos han devuelto a Ecuador a una situación de miseria y necesidad. Moreno dijo que la crisis actual alcanzará un costo de 12.000 millones de dólares, superando los 8.000 millones de lo registrado en 1998. Esto ha significado que el presidente ecuatoriano ha tenido que obtener más de 10 mil millones de dólares de organismos multilaterales, ayudas que van de la mano de ajustes, recortes presupuestarios, reformas laborales y financieras. Estas solicitudes fueron desenmascaradas el 19 de mayo de 2020, cuando Moreno anunció que, por la emergencia del coronavirus, liberalizaría el precio de la gasolina en Ecuador, aprovechando el bajo precio de la gasolina, la crisis económica y la cuarentena. Además, el líder de El ejecutivo ecuatoriano confirmó la reducción de los sueldos de los funcionarios, la eliminación de embajadas y la supresión de la Secretaría Anticorrupción. Antes de este anuncio, ya se habían realizado movilizaciones en la capital, Quito, y el lunes 25 de mayo de 2020 se convocaron varias manifestaciones de maestros, funcionarios públicos e indígenas.

4. La tensión social que alcanzó su punto álgido en octubre de 2019.

Fue precisamente la retirada del subsidio a la gasolina lo que provocó el colapso del país, entre el 2 y el 13 de octubre de 2019, cuando se produjeron las protestas que dejaron entre 8 y 11 muertos, más de 1.500 heridos y 1.330 detenidos. Fue una medida solicitada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con otros ajustes de austeridad y flexibilidad laboral que resultó como condición para prestar $ 4.200 millones al país sudamericano.

La protesta de los movimientos sociales y de los grupos indígenas llevó a Moreno a declarar el Estado de Excepción, el toque de queda y, además, el traslado de su gobierno a Guayaquil. Las protestas de octubre de 2019 en Ecuador lograron revocar el llamado «paquete» impulsado por Lenín Moreno.

Finalmente, el 13 de octubre de 2019, en un encuentro entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y el gobierno, con la mediación de Naciones Unidas, se decidió que se derogara el artículo 883, que había generado la revuelta, redescubriendo la calma social.

En la primera vuelta, el domingo 19 de febrero de 2017, y en la segunda vuelta, el domingo 2 de abril de 2017, Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales con el partido Alianza País (AP). Antes fue vicepresidente de Rafael Correa, entre 2007 y 2013. Una sucesión que nada tenía que ver con la continuidad. Los valores progresistas aclamados por Correa fueron diluidos por Moreno en una legislatura marcada por un giro hacia la austeridad, el autoritarismo y el aplanamiento de posiciones pro-estadounidenses. Esto se hizo evidente el 12 de abril de 2019, cuando el ciberactivista Julian Assange perdió el asilo que le había otorgado Rafael Correa. Otro gesto que marcó la distancia de Moreno del «socialismo del siglo XXI» fue la visita de Moreno a la Casa Blanca el 12 de febrero de 2020.

5. Represión y censura de la disidencia.

La policía ecuatoriana irrumpió en el domicilio de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien fue detenida, y el ex asambleísta Virgilio Hernández, cuyo paradero se desconoce. Además, la Embajada de México en Quito brinda «protección y protección» a siete militantes de Alianza País. Tras el acuerdo alcanzado con los pueblos indígenas en octubre de 2019, Quito, Ecuador, poco a poco ha vuelto a la calma. El gobierno de Lenín Moreno Garcés ha comenzado a pedir sanciones contra los responsables del caos, el vandalismo y la ansiedad en medio de las movilizaciones. La protesta indígena ha derrocado al régimen que tuvo que dar marcha atrás y, ahora, el gobierno está persiguiendo a los responsables de los disturbios. La represión contra los manifestantes fue feroz: ocho muertos y 1.340 heridos.

6. Las protestas resultaron en 1.192 detenciones.

El régimen ha apuntado a los «correístas» desde el primer día -sin aportar pruebas- e incluso acusarlos de ser financiados por el narcotráfico y el terrorismo.

Entre los 1.192 detenidos, cifra proporcionada por la Defensoría del Pueblo, se encuentran figuras clave en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), la presidencia más larga e ininterrumpida de la historia. Entre ellos el prefecto de Pichincha,Paola Pabón. Fue detenida en la madrugada de este lunes 14 de octubre de 2019 en Quito, luego de que su domicilio fuera registrado. Ese día se realizaron siete operaciones simultáneas en la capital.

Según el fiscal, «se recogieron pruebas, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a control y documentación». En ese operativo también fueron detenidos dos colaboradores de Pabón: Christian González Narváez, a quien la policía vincula con el financiamiento de grupos violentos; y Pablo Del Hierro, gerente de logística y compras.

7. Un ex alcalde tras las rejas.

El domingo 13 de octubre fue detenida Alexandra Arce, ex asambleísta y ex alcaldesa de la ciudad costera de Durán, colindante con Guayaquil. También es miembro del correísmo, está acusada de asociación ilegal y ya obtuvo una orden de prisión preventiva.

8. Siete se refugian en la Embajada de México.

Sábado 12 de octubre de 2019, Gabriela Rivadeneira -expresidenta de la Asamblea Nacional y una de las figuras más importantes del Correísmo- pidió protección a la Embajada de México en Quito. Ella no es la única ecuatoriana en esa sede diplomática que recibe «protección y protección». La Cancillería mexicana informó que el gobierno mexicano recibió a las siguientes personas en su embajada en Quito para brindar protección y protección: Luis Fernando Molina, miembro suplente de la Asamblea Nacional; Soledad Buendía, miembro de la Asamblea Nacional y su esposa; Carlos Viteri, miembro de la Asamblea Nacional, y su esposa, Tania Pauker; y Leónidas Aníbal Moreno Ordóñez, Administrador de la Prefectura de Pichincha (quien trabaja con Paola Pabón).

Esta acción se suma a la salvaguarda y protección que el gobierno de México proporciona, desde el 12 de octubre de 2019, a la diputada Gabriela Rivadeneira. El esposo de la congresista Gabriela Rivadeneira, Luis Flores Ruales, también tiene orden de aprehensión. Todos y todos denunciaron una persecución real.

9. Censura de medios.

El 8 de octubre de 2019, de hecho, la Fiscalía ecuatoriana allanó las estructuras de la radio pública Pichincha Universal en Quito -que depende de la Prefectura que dirige Pabón- por cargos de incitación a la discordia.

El gobierno también ha decidido bloquear el acceso al canal venezolano de Telesur, un televisor crítico del presidente Moreno.

10. El escandaloso caso de Jorge Glas: la total violación de los derechos humanos más básicos.

También nos gustaría recordar el caso de Jorge Glas, un hombre que en el pasado ocupó diversos cargos durante los gobiernos de Rafael Correa, incluido el de Ministro de Telecomunicaciones, de agosto de 2009 a marzo de 2010, y Ministro de Sectores Estratégicos, de 2010 a 2012, antes de convertirse en Vicepresidente de Ecuador, luego de la elección presidencial de 2013 ganado por Rafael Correa.

Él es reconfirmado en Elecciones presidenciales de 2017, ganado por Lenín Moreno. El 3 de agosto de 2017, el presidente Lenin Moreno suspende todas las funciones de Glas por presunto caso de corrupción en la obtención de una concesión petrolera a la empresa Odebrecht mediante Decreto Nº 100. Actualmente, el sistema de justicia, en Centroamérica y Sudamérica, es una práctica global de persecución política basada en falsas acusaciones de medios manipulados, alineados con el bloque atlántico, dejando espacio para juicios simulados. Aunque Rousseff, Lula, Cristina y Glas sufrieron el mismo problema y persecución, en la situación de Glas fueron mucho más crueles y violentos. Lo secuestraron ilegalmente y lo acusaron de un delito que no existe, delito que fue derogado hace años. Esto rompe los estándares mínimos que deben garantizarse durante cualquier proceso, así como el propio estado de derecho. El conjunto fue denunciado por dos abogados chilenos, Rubén Jerez Atenas y el diputado Hugo Gutiérrez, quienes elaboraron un informe en el que mostraba que Glas fue destituido ilegalmente de su cargo de vicepresidente, por parte de Lenin Moreno, mediante una simple carta enviada a la Asamblea Nacional, carta desprovista de todo valor legal. También fue arrestado por cometer un crimen que no existe (crimen abolido años antes). Por tanto, Jorge Glas es un preso político, víctima de un golpe de Estado contra la vicepresidencia, liderado directamente por Lenin Moreno, y encarcelado sin haber cometido ningún delito. Jorge Glas sufre injusticia, crueldad y violaciones a la ley.

Actualmente se encuentra en la cárcel común de Latacunga, donde convive con peligrosos delincuentes. Ha sido víctima de torturas, abusos, humillaciones y es repetidamente amenazado de muerte por peligrosas bandas de narcotraficantes y criminales que lo utilizan para negociar mejoras a su encarcelamiento. Solo en el último mes, más de diez personas han sido asesinadas, porque el gobierno de Lenin Moreno entregó el control de las cárceles a bandas criminales. Jorge Glas, de nacionalidad germano-ecuatoriana, podría ser asesinado en cualquier momento.

y DECLARAN

a) apoyar políticamente a la Revolución Ciudadana (RC);

b) abogar por la liberación de Jorge Glas;

c) fortalecer el seguimiento de las próximas elecciones presidenciales de 2021 para que se desarrollen con total transparencia y espíritu democrático;

d) fortalecer a nivel internacional el espíritu de solidaridad política hacia la CR y todas las organizaciones políticas socialistas y comunistas en dificultad;

e) Crear una red internacional de apoyo político mutuo entre todas las organizaciones adherentes a ésta convocatoria.